La antinomia de letra y espíritu marxianos “democracia o capitalismo” no alumbra el pensamiento crítico de los revolucionarios y comunistas cubanos. Es todo lo que expresan los Fundamentos Económicos del Proyecto de Nueva Constitución (Título II).

En el pueblo, sin embargo, reverbera el espíritu revolucionario por una transformación socialista. El debate principista, entonces, es de esencia política. 

Si la nueva Constitución de lo que ha de ser República refrenda la revolución socialista por haber, no puede malversarse la idea de la democracia en tanto fundamento del camino a seguir. Si así lo asumimos, entonces el debate gira en torno a la idea-fuerza que define la democracia como atributo del socialismo. Este momentum filosófico y político acoge la naturaleza libertaria del modo de producción e intercambio como el fundamento de la democracia, puesto que estaríamos definiendo, como Marx demuestra, el carácter de las relaciones socioeconómicas que condicionarían el movimiento emancipatorio de la sociedad. No hay República fuera de ello, a menos que siga siendo de estirpe burguesa.

La propiedad que determina el modo de producción es la que se ejerce sobre el capital. La apropiación privada del capital bajo condiciones sistémicas de economía mercantil -dadas al arbitrio de la maximización del lucro- definen el fundamento de las relaciones socioeconómicas que sostienen la “democracia” burguesa propia del capitalismo.

La antinomia de la premisa anterior apunta, por tanto, a la propiedad social del capital en función productiva, bajo condiciones sistémicas de economía social dadas a la satisfacción de las necesidades materiales y sociales del pueblo- y nos define el fundamento de las relaciones socioeconómicas que han de sostener la democracia en tanto atributo identitario del socialismo.

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La reproducción social se da con base en la producción material de las condiciones de vida. La razón científica del materialismo histórico no nos deja dudas sobre ello. Sin embargo, es en la sociedad clasista donde la reproducción social se reduce por la exclusión, la precariedad y la pobreza. La causa sistémica de ello está en la apropiación privada del capital en cuanto valor vivo del trabajo. Hacerse con la propiedad privada de dicho valor permite la reproducción ampliada excluyente del capital. La apropiación social del valor del trabajo, en cambio, es lo que hace posible la democratización del capital y, en consecuencia, plena la reprodución social. Nada que ver con el fetiche anti marxiano de propiedad estatal sobre los medios de producción”, asi sean estos definidos por el sofisma político de fundamentales” o no. Los medios de producción constituyen el valor pretérito del trabajo, que no genera plusvalor en tanto fuente directa del capital. Ese fetiche de la propiedad de los medios llevaba a los obreros ingleses en los albores frenéticos del capitalismo decimonómico, obnubilados en su ignorancia sobre la envoltura(la forma) de la cosa(la substancia), a destruir los mismos por ver en ellos la causa de su explotación y marginación. Los instrumentos de trabajo, los medios (máquinas y herramientas), nos explotan, no las relaciones sociales del modo de producción, signadas por la propiedad privada del capital. El dogma comunista cubano nos repite ese entendimiento y nos impone la anti razón de su pensamiento económico, hasta el punto de plasmar otra vez, ahora en la letra del proyecto de nueva constitución, la interpretación políticamente corrupta sobre el precepto. 

Entender y desnudar ese problema despeja la falsificación ideológica sobre la concentración de la riqueza que simula contrarrestrar el proyecto de constitución con el postulado de la prohibición de la concentración de la propiedad sobre los medios. La propiedad privada del valor vivo del trabajo genera concentración privada de capital, en forma extensiva (crecimiento de los beneficios generados por multipilicación de empresas de uno o varios propietarios) y/o intensiva (crecimiento de los beneficios de las empresas por productividad tecnológica). En el primer caso el propietario privado del capital se beneficia del plusvalor absoluto, en el segundo caso del plusvalor relativo. El trabajador asalariado que produce el valor en ambos casos es despojado de no menos de 2/3 del mismo, según nos muestra la reproducción del capital desde su disección por Marx hasta su reconfirmación empirista por Piketty. Y no importa aquí si el capital es apropiado por el poseedor privado o por el estado. La expropiación del valor es función de la relación asalariada del trabajo.

Hay que entender, entonces, que la revolución socialista plantea el cambio de paradigma de la acumulación de capital: de acumulación privada a acumulación social. Sin este cambio de paradigma no habrá manera de naturalizar la democracia como valor referente de la sociedad socialista.

No existe otro camino en el cambio de paradigma de la acumulación que el de la transformación de las relaciones sociales del actual modo de producción neocapitalista cubano hacia el de relaciones de productores libremente asociados en entidades económicas democráticas, solidarias, autónomas y autosustentables, tales como las que se conforman en las empresas cooperativas. La remuneración del trabajo aquí deviene un vector del aporte productivo que el ente empresarial, la cooperativa, hace a la sociedad, acorde con el valor de uso (de los bienes y servicios) de la producción enajenada en el mercado. Hablamos de la eficiencia económica del mercado del consumidor, en contraposición al mercado capitalista del productor.

Consecuentemente, si asumimos que la sociedad determina que la remuneración del trabajo debe cubrir las necesidades socio-materiales devenidas de la satisfacción del Minimo de Existencia (ME  -necesidades de reproducción biológica y materialidad básica del individuo y la familia),  la implementación de la remuneración mínima del trabajo como normatividad que lo propicie, reajusta el movimiento de los entes económicos de acuerdo a su eficiencia social. En ello tendrá incidencia toda la política social del estado encaminada a la nivelación del nivel de vida de la población. 

El trabajo cooperativo llevado a cabo por ciudadanos libremente asociados, sin mediación de la relación asalariada, crea la responsabilidad social sobre los valores generados por el colectivo de trabajadores y su gestión democrática. Se trata del sentido de inclusión y pertenencia social que impide la explotación del trabajador y con ello la alienación del trabajo. En estas condiciones, toda vez que asumimos el socialismo no como fin, sino como el camino hacia el comunismo, dialéctica materialista hoy negada por la reforma constitucional del PCC, la sociedad productora cooperativa es la llamada a crear la cultura de la no-propiedad en que derivarán las relaciones sociales del modo de producción en su visión comunista.

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La esencia revolucionaria del paradigma de acumulación social de capital se materializa en dos niveles del movimiento de la economía.

  • A nivel microeconómico está en la determinación democrática por los colectivos laborales, a partir de los ingresos monetarios obtenidos por la enajenación del producto del trabajo, de los fondos propios de: (1) acumulación (inversión), (2) consumo directo (remuneración) y (3) aplicación social (comunitaria), según las necesidades de desarrollo de las asociaciones cooperativas y de las comunidades donde operan.
  • A nivel macroeconómico  resulta del aporte social via tributación eminentemente progresiva sobre la renta del capital y/o del trabajo al presupuesto del Estado efectuado por los entes socioeconómicos definidos. 

La transformación del sistema de propiedad que se está operando en Cuba, sin embargo, ha planteado de hecho la privatización del capital -directamente en manos de propietarios privados e indirectamente en gestión estatal, donde en ambos casos la relación asalariada seguirá siendo el factor de explotación del trabajador y alienación del trabajo-, por encima de las formas de apropiación y gestión socializada del capital. Este estado de cosas viene ahora a ser sancionado con la reforma constitucional en curso.

El Estado y el Gobierno cubanos se han cuidado de no emprender una transformación integral del modo de producción en función de los presupuestos socialistas que pueden hacer de la economía social un sistema racional y altamente eficiente.

En la letra de los Fundamentos Económicos se introduce la noción de economía mixta a partir de la confusión conceptual sobre los tipos de propiedad. Como remedo se enfatiza que todas las formas de propiedad tienen un fin social. El supuesto no pasa de ser un sofisma ideológico. El fin de la propiedad privada sobre el capital en aras de su reproducción ampliada en el sistema económico obedece al interés particular de acrecentamiento de la riqueza individual. La empresa capitalista privada -micro, pequeña, mediana o grande- no dejará de operar en función de la maximización del lucro por el hecho de que sea cubana.  Sabemos que el instinto capitalista del productor privado lo lleva a producir algo sí y sólo si obtiene y maximiza sus ganancias, de cuyo axioma no tienen cómo ni porqué escapar los propietarios privados cubanos. No es Marx, es Smith que en el  dueño “cuentapropista” de la carnicería resume toda la filosofía política del modo de producción capitalista.

Los preceptos de la economía social, en cambio, vienen a asumir la apropiación socializada del capital.  Bajo dicho prerrequisito, el funcionamiento del mercado  como mecanismo-espacio-socioeconómico  de intercambio de valores de uso y asignación de recursos materiales y financieros a nivel microeconómico cobra el ineludible papel que le ha privado el modelo de economía pseudosocialista cubano.  En este sistema, el movimiento autónomo económico de las empresas se daría bajo planificación democrática de los derroteros del desarrollo socioeconómico desde lo nacional, regional y local. Estas condiciones son las que replantean el cambio del patrón de acumulación privada al paradigma de acumulación social. Bajo tales premisas el crecimiento del “producto interno bruto” (PIB), en tanto medidor capitalista viciado del “desarrollo”, deja de expresar el consumismo necesario a la reproducción del capital privado. El modelo de desarrollo socialista habría de romper con el dictat de las valoraciones capitalistas, si es que ha de ser sustentable económica y ecológicamente.

Las empresas pequeñas y medianas privadas constituyen los actores económicos que sostienen la producción de bienes y servicios en todas las economías del mundo capitalista. Garantizan la mayor parte del empleo. Son, sin embargo, núcleos de la explotación del trabajo asalariado. Justo la relación social de producción que permite la expropiación y apropiación privada del capital. En cambio, la estimulación por el Estado cubano -legislativa, financiera y logística de la creación de un extendido sector de PYMEs cooperativas dentro de un sistema de economía social vendría a ser la piedra angular de la transformación socialista del modo de producción e intercambio, hoy en franca deriva capitalista gracias al reformismo socioliberal emprendido con los Lineamientos de Política Económica y Social del PCC, LPES.

El pensamiento único del PCC institucionaliza en el proyecto de nueva constitución la idea de la empresa estatal como la empresa socialista. Es precisamente el empoderamiento económico de una burocracia político administrativa apropiada de la gestión del capital estatal lo que ha redundado en la anomia del sistema económico empresarial cubano. Los trabajadores alienados en su condición de asalariados mal retribuidos han extraviado el sentido de pertenencia a un proyecto productivo social. Pero la reforma constitucional no hace caso de la realidad y preserva en sus postulados la falsa idea de la empresa estatal socialista, ahora afincada en un nuevo Código Laboral de naturaleza francamente capitalista. 

A tono con ello, la corrupción de la voluntad política y el voluntarismo económico han devaluado en Cuba la idea del cooperativismo como criterio de una verdad que, mar afuera, va definiendo cada vez más los espacios del modo de producción post-capitalista en el mundo. La cooperativa, es decir, la empresa social de trabajadores libremente asociados sin mediación de la relación asalariada del trabajo, deviene una forma cada vez más popular de organizarse las personas para producir bienes y proporcionar servicios. En el mundo capitalista surgen casi como un acto de autodefensa de los trabajadores ante el poder depredatorio de las empresas capitalistas menores y mayores. Esta defensa es necesaria ante el hecho de que las relaciones capitalistas de producción e intercambio causan una desigualdad social crónica y una inestabilidad económica recurrente. En el mundo, las cooperativas tienen más de mil millones de socios y crean 100 millones de empleos, un 20% más que las corporaciones multinacionales (2012). El volumen de ventas de las 300 cooperativas más grandes del mundo es de 1,1 billones de dólares, es decir, la cantidad que corresponde al medidor PIB de algunas de las economías nacionales más grandes (2012).

El establecimiento con carácter constitucional de la Economía Social como idea-fuerza y marco del modo de producción socialista ha de definir el fundamento materialista del estado socialista cubano, superando la naturaleza neocapitalista que hoy lo determina. Seis premisas determinantes son:

  • La definición constitucional del precepto de Economía Social  y la instrumentación de una adecuada Ley habrían de hacer prevalecer el cooperativismo en tanto propiedad socializada del capital empresas cooperativas y comunitariasen el ámbito de la reproducción ampliada de capital. Es Marx quien nos muestra que: „Para emancipar a las masas trabajadoras, la cooperación debe alcanzar un desarrollo nacional y, por consecuencia ser fomentada por medios nacionales.

  • La producción (bienes y/o servicios) en manos de propietarios privados se habría de circunscribir al ámbito de la reproducción simple de capital, aquella que por no basarse en la explotación extensiva y/o intensiva del trabajo asalariado no se expande en virtud de la expropiación del valor agregado del trabajo de los trabajadores.

  • La propiedad estatal, asumida como propiedad pública socializada y considerada de interés socioeconómico estratégico para el desarrollo -en el ámbito de reproducción ampliada de capital- habría de estar cogestionada y bajo control democrático (con la participación de consejos de trabajadores y representantes del poder popular). Este sector acoge la fuerza inversora del Estado en las empresas y proyectos económicos que vertebren los ejes productivos tecnológicos y estructurales del desarrollo nacional.

  • Los sectores productivos asumen la revolución en el cálculo económico que deja de considerar la remuneración del trabajo parte de los costos de producción, y pasan a ser parte orgánica del plusvalor que genera el trabajo. 

  • Los entes productivos definidos en el concepto de economía social estarían apoyados por adecuadas políticas crediticias de la banca nacional, así como de la banca cooperativa que debiera ser fomentada.  

  • Toda la inversión directa de capital productivo extranjero (financiamiento directo y emprendimientos mixtos) tendría luz verde sin ningún condicionamiento por parte del Estado más que la sujeción de la misma al carácter democrático y estaturario de las empresas definidas como entes de la Economía Social, lo cual habría de establecerse adecuadamente en una nueva Ley de Inversiones.

  • En el marco de la Economía Social todas las empresas productivas (de bienes y/o servicios) -privadas, cooperativas, públicas (estales y mixtas cogestionadas)- tendrían la posibilidad legal de asumir los retos del comercio exterior (emprendimiento especialmente posible y racional para las cooperativas de segundo y tercer grado). 

  • El mercado interno quedaría como espacio socioeconómico libre al intercambio en un entorno de creciente producción y productividad del trabajo y adecuadas políticas monetaria y fiscal, una vez eliminada con la urgencia necesaria (hay que hacerlo ya, volveremos sobre ello en otro análisis) la aberración para el sistema económico de la doble moneda y el múltiple curso cambiario.

El ajuste de los efectos desproporcionados de las relaciones de mercado en la acumulación social de capital sería dominio del Estado y el Gobierno, el que realizado a través de regulaciones paramétricas macroeconómicas y definiciones de planificación socioproductivas así como por el sistema fiscal con la adecuada progresión de la tributación (el abanico técnico-económico de soluciones aquí es interesante, pero amerita un debate propio), haría honor a la democratización del capital. De esta manera la concentración del mismo se neutralizaría y la diferenciación de la renta (de capital y de trabajo) quedaría acotada en términos de egalitarismo socioeconómico (buscando un GINI en niveles de +/- 25%), premisas estas raigales del desarollo económico sostenible y la prosperidad de todos y cada uno.

La revolución socialista se da con apego al materialismo dialéctico. Si la llamada “reforma total” de la constitución no pone, como no lo ha puesto, en el centro del debate revolucionario por el socialismo el contenido fundacional de la democracia, no admite más que ser calificada de reformismo contrarrevolucionario. Atar al pueblo revolucionario cubano al reformismo que plantea el anteproyecto constitucional, desentendiéndose de la participación protagónica en la presentación y el debate de las alternativas que pudiesen ir a las raíces, constituye la primera y más profunda expresión anti democrática de la conovocatoria al nuevo acomodo constitucional. Es justo el resultado que se ha perseguido imposibilitanto el llamado a una Constituyente Socialista.

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Notas

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