“(…) el funcionamiento democrático de ese partido popular es una garantía contra el caudillismo civil que un partido centralizado podría engendrar de sí mismo (…)”.
José Martí. Los fundamentos de la democracia en Latinoamérica – Paul Estrade.
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El cuestionamiento del sistema anti democrático del partido-único, habiendo sido asumido como poder político supraestatal y suprasocietal, tiene en la idea de democracia directa el fundamento para la transición hacia un sistema de poder político incluyente y protagónico del pueblo. La idea-fuerza de democracia directa articula la participación política dándole el sentido de protagonismo y pertenencia al pueblo como sujeto revolucionario.
Las corrientes de derecha dentro y fuera del PCC en el país y allende sus fronteras, posicionadas ideológicamente contra el socialismo, aspiran a la definitiva instauración en Cuba de las relaciones políticas propias del estado capitalista y su sociedad clasista. El proyecto derechista es francamente reaccionario: mantener el parlamentarismo como base de la participación sociopolítica y reinstaurar el multipartidismo como fuente del poder político.
El problema del multipartidismo es de importancia política crítica. El multipartidismo es propio de la sociedad clasista. La sociedad clasista es propia del capitalismo y su orden discriminatorio se arraiga en la medida que toma fuerza el poder económico fáctico del capital privado como vehículo de la concentración y acumulación excluyente de capital. Trabajadores por un lado y capitalistas por el otro. Marx lo sintetiza en la contraposición socioeconómica capital-trabajo que responde en lo político a la contraposición burguesía-proletariado; la primera clase apropiada del capital que produce la segunda, y la segunda con su fuerza de trabajo a cuestas obligada a alquilarse a los propietarios del capital como trabajo asalariado para que sus portadores, los trabajadores, puedan vivir.
La reforma economicista que adelanta el PCC (vía Lineamientos de Política Económica y Social LPES) ha abierto las relaciones socioeconómicas a la propiedad privada indiscriminada sobre el capital. La transformación reconoce de facto la propiedad privada como una necesidad sine qua non del socialismo. La aberración ideológica política no llama la atención. Se hacen inherentes al socialismo relaciones sociales de producción puramente capitalistas.
La transformación del sistema de propiedad que se está operando en Cuba ha planteado la privatización por encima de las formas de propiedad social y trabajo cooperativo. El trasfondo político apunta hacia un cambio reaccionario de las relaciones socioeconómicas. Justo las condiciones que llevan a la creación de una pequeña y mediana burguesía propietaria y, a la sombra, una clase burocrática apoderada de la gestión del capital estatal en las empresas gubernamentales de mediano y gran porte. Es en esta realidad objetiva que tomará cada vez más fuerza la idea del multipartidismo clasista en Cuba. No ha habido debate en la sociedad sobre tal respecto, puesto que se ha pasado, ahora con la llamada “reforma total” de la Constitución, por encima del debate democrático constituyente para establecer “soluciones” que contravienen la idea del socialismo científico.
El multipartidismo es natural e inmanente a la realidad donde las fuerzas sociopolíticas se enfrentan en lucha por sus propios intereses particulares. Hablamos de contradicciones sistémicas antagónicas. No son dialécticas, pues por su naturaleza no tienen capacidad de síntesis. Tienden a la mutua destrucción porque la idea del bien particular prevalece sobre la del bien común. La fuerza del capital privado hace prevalecer los intereses de la minoría propietaria. A ello responde el sistema de democracia parlamentaria burgués mediado por el multipartidismo, a la lucha de intereses antagónicos. La superación de esas relaciones económico-políticas es un reto para el socialismo, para la organización política de la sociedad que ve su desarrollo en la comunidad de intereses y no en el dominio de una clase sobre otra (incluyendo la anti dialéctica en el sentido marxiano y en principio anti comunista de la “dictadura del proletariado”).
La premisa de fondo para encaminar el cambio en la perspectiva de la revolución socialista exige la crítica y el debate democrático sobre las barreras sistémicas, políticas, económicas y sociales que impiden la lucha por una cualidad verdaderamente socialista del estado y la sociedad.
En el centro del debate por el socialismo queda, por tanto, la cuestión de la necesidad o no del partido-único en la revolución socialista.
El Estado no viene colgado del cielo, su expresión política responde, también históricamente, a la estructura y la organicidad socioeconómica en que se soporta. El estado burgués lo hace sobre las relaciones sociales de poducción conformadas por la hegemonía de la propiedad privada sobre el capital. Ante ello la nueva Constitución, ya aprobada, se negó a enfrentar la alternativa del estado comunitario soportado sobre una economía social, como idea-fuerza que mediare el debate revolucionario sobre la necesidad de un partido político y su naturaleza en la democracia socialista. A ello apuntamos cuando apelamos por una Constituytente Socialista y no una reforma constitucional.
El sistema de poder que subordina el Estado cubano al Partido-único no se cuestiona como causa de la crisis del modelo socioeconómico. Razón por la cual la reforma LPES se limita a la declaración política sobre la necesidad de la separación formal entre las funciones del Partido (único) y los órganos de Poder Popular establecidos. Una idea, por demás, ya cuestionada por la práctica en el experimento del Municipio Artemisa y Mayabeque en la Habana. El desorden constitucional que hemos profundamente argumentado en el análisis “Cuba. hacia la Constituyente Socialista”, no es identificado como fuente de la disfuncionalidad política del estado. Más aún, es trasladado acríticamente a la nueva Constitución.
En ese empeño se inserta el hecho que desde el PCC y en medios de comunicación estatales (Mesa Redonda de la Televisión estatal, periódico Granma del Partido) se apuró la interpretación lo más sesgadamente posible de la denuncia del Líder de la Revolución acerca de que el modelo “ya no le servía ni a los cubanos” (revista The Atlantic 2010). Buscando reducir el problema a la forma, se ha defendido que la denuncia apuntó a la corrupción que mina tanto los círculos de poder como a la propia sociedad. Así lo vendría a confirmar la supuesta cruzada del Presidente de la República (Raúl Castro R.) contra manifiestas expresiones de corrupción en las altas esferas del Gobierno y el Estado. La corrupción como fenómeno se suspende del vacío y eso permite no enfrentar la cosa. La vulgaridad política de que eliminar a los corruptos (detectarlos y juzgarlos) elimina la corrupción se impone cual interesado ejercicio de fe religiosa. Como si el fundamento de aquella magistral sentencia del propio Líder de la Revolución en su trascendental comparecencia en la ONU en 1985 denunciando la esencia de la corrupción moral y ética capitalista, al exponer que “eliminando a los pobres no se elimina el hambre”, no hubiera calado en el pensamiento político cubano. La cosa en tanto sustancia objetiva se esconde. Que el estado resulte un ente políticamente disfuncional no ocupa la centralidad de ningún debate.
En consecuencia, que el modelo político armado sobre el régimen de poder de partido-único, donde a ese Partido se le confiere el estatus constitucional de poder supraestatal y suprasocietal, haya definitivamente estrangulado la democracia, no preocupa ni ocupa a la militancia del PCC.
Con un grado de insoportable levedad política se ignoran las relaciones causa-efecto de la cosa, en tanto distintivo del problema de fondo. Se negará, por tanto, que la verticalización absolutista del poder político, que sumergido en un mar de ineficiencia del modelo económico ha servido para impulsar un proyecto social soportado en la acumulación y la concentración de capital por el estado, se haya esclerosado al cabo de casi 60 años de ejercicio del poder de una gran burocracia (como la llega a identificar Lenin ya en aquella realidad política) que se le hecha encima al estado y a la propia sociedad. No es un mero hecho.
La economía es un constructo social[1]. Por lo tanto, se ha impedido el desarrollo cultural de las fuerzas productivas del país, la racionalidad de la economía y el sentido de pertenencia democrática del pueblo. Es el espectáculo dialéctico de fuerzas sociales en desarrollo restringidas por el marco que en un momento historio-concreto, ya desbordado, sirvió para consolidar el poder polìtico revolucionario.
Que el modelo político, ese marco, haya devenido “cuello de botella” para el desempeño democrático de la sociedad, muy interesadamente no se identifica como condicionamiento estructural de la crisis socioeconómica que se ha hecho crónica y puesto el país “al borde del abismo” – según apreciación tardía del propio Presidente Raúl Castro en la Asamblea Nacional (diciembre 2010).
En tales circunstancias, las transformaciones se dan de manera anti democrática con una reforma economicista de corte socioliberal -Liniamientos de Política Social y Económica del PCC y la Revolución LPES- que cambia los preceptos constitucionales, e introduce de facto un régimen de relaciones socioeconómicas contrarias al sistema socialista declarativo que asume, aunque mediatizadamente, la propia Constitución. Al no reconocerse que la crisis es del modelo político, es decir, el modo en que la sociedad organiza la participación política para componer sus relaciones socioeconómicas en pos del progreso socio-material, lo que se está haciendo es rechazar la democracia como idea-fuerza de los cambios conceptuales y estructurales que se necesitan para la transición al socialismo.
El problema de la fuerza política que haya de garantizar la marcha por los senderos de la revolución socialista, ese movimiento del progreso en la transición socialista, como ente de poder popular constitucional, había de estar en el centro de atención del debate por la nueva la Constitución. No ha sido así.
El PCC, partido de cuadros, contamina la democracia en tanto fundamento del movimiento de la sociedad, por cuanto la mediatización de la participación política se ha dado primero hacia el interior del propio Partido. Es lo que ha venido demostrando desde 1976 el PCC en su función de dominio como partido-único. La emanación de su poder constitucional como ente de dominio sobre el estado y la sociedad no ha podido más que extrapolar al movimiento socioeconómico y político de la misma el carácter del centralismo anti democrático que rige al propio partido.
El partido-único PCC, compuesto por apenas un 17% de la población adulta (ca. 700 mil militantes), constituye el órgano institucional de dominio político supremo con facultad constitucional supraestatal. Su poder contraviene la naturaleza política del estado de derecho que habrìa considerarse socialista. El pueblo cubano ha dejado de identificarse con un partido de minoría anclado en las prerrogativas anti democráticas de su poder omnímodo sobre la sociedad. Desconocer ese mar de leva político es cerrar los ojos ante el cuestionamiento sotto voce de la legitimización del Partido de la Revolución en la percepción popular.
Lo anterior plantea la necesidad del debate sobre otra idea-fuerza de la revolución socialista: organizar el poder político del pueblo en un envolvente movimiento político democrático.
La idea de la fundación del movimiento socialista de masa con prerrogativa constitucional de ente político hegemónico en la determinación del derrotero en la edificación de la sociedad socialista, vendría a situarse en el epicentro del debate popular, si es que este asume el reto de la participación democrática y protagónica del pueblo en una Constituyente Socialista.
La diferencia cualitativa del movimiento socialista de masa con la naturaleza política del partido-único exclusivo con prerrogativa constitucional de dominio sobre el estado y la sociedad, se afinca en la idea sobre el protagonismo político del pueblo como sujeto revolucionario que asume la participación política democrática determinante.
Protagonismo de la participación como hegemonía política democrática de un movimiento socialista de masa, cual superación del dominio político anti democrático encarnado en un partido político elitista/cuadros.
La idea de la vanguardia como élite política dominante se supera en la idea de la masa crítica política hegemónica.
La contraposición gramsciana entre hegemonía política y dominio político nos mete de lleno en el protagonismo democrático del sujeto revolucionario como legitimación de la hegemonía política que convierte en masa crítica el movimiento socialista.
La cuestión de la democracia en la organicidad del movimiento y en su articulación sociopolítica con la sociedad decide sobre la esencia del modelo político del estado y la sociedad. La composición social de dicho movimiento deja de ser elitista puesto que no asume el carácter exclusivo de partido o organización de cuadros. Desaparece la burocracia política militante. El derecho a la participación política determinante se lleva a un primer plano de acción. La membresía del movimiento socialista de masa se compone de sujetos políticos: individuos y colectivos organizados. Eso daría cabida a la legitimidad de sectores de pensamiento dentro del movimiento socialista de masa con posicionamientos diversos sobre la construcción de la sociedad socialista que quedarían en permanente debate democrático. Esta concepción del movimiento socialista de masa estaría asumiendo el reconocimiento de la posición de las minorías con derecho a que estas continúen trabajando abierta y deliberativamente por sus argumentos, aunque se cumpla el mandato democrático mayoritario, no la decisión autoritaria de un grupo. La participación militante asume aquí la pluralidad del pensamiento crítico y la libre articulación democrática del mismo en los debates internos y la búsqueda de consensos políticos en la definición y toma de decisiones sobre el camino socialista.
El movimiento socialista de masa se auto define en la voluntad de pertenencia política del pueblo. Su poder político decisorio emana de ello. Su identificación ideológica estaría determinada por su apego a la filosofía política marxiana en tanto directriz del socialismo científico: el camino de emancipación social que en su decorrer hacia la materialización del comunismo se decanta en la transformación socialista de la sociedad.
Las premisas fundacionales del movimiento socialista de masa se concretarían en:
- Declaración de principios socialistas,
- Programa político afincado: en la teoría de la emancipación social y la economía política en Marx, el ideario martiano y el legado fidelista de patria y soberanía. La emancipación social precondiciona la soberanía nacional.
- Organización democrática de la estructuración y funcionalidad internas.
El movimiento socialista de masa se establece orgánica y funcionalmente en niveles territoriales descentralizados y vertebrados nacionalmente. El problema de la dirección orgánica del movimiento socialista de masa se definiría en la idea de la organización colegiada por miembros del movimiento en ambos niveles de organicidad y funcionamiento. La integración de tales colegios se efectúa en elecciones democráticas sobre las proposiciones de la militancia, pero pronunciando la legitimidad democrática de esa dirección orgánica con el derecho al voto abierto sobre ella de toda la sociedad. La militancia propone y el pueblo decide. De esta forma quedaría planteada la idea-fuerza de la democracia política protagónica del pueblo.
Este principio de participación política protagónica de la sociedad valdría igualmente para la legitimación de las decisiones determinantes que el movimiento socialista de masa toma en sus foros. El referendo popular vinculante para todas las instancias y órganos de estado y gobierno sobre las decisiones del movimiento socialista de masa, en sus ámbitos territoriales y/o nacional, se instala como instrumento político en la toma de decisiones determinantes del rumbo socialista. Ya hoy es posible por los medios electrónicos y la comunicación en redes concebir el funcionamiento interno y global, a escala nacional, de una organización política tomando decisiones directrices democráticamente en este caso sobre el rumbo socialista.
La Constitución devenida de una Constituyente Socialista definiría la prerrogativa institucional del hegemonismo político del movimiento socialista de masa en el desarrollo de las condiciones y condicionamientos del funcionamiento del Estado y la Sociedad. El derecho del pueblo a otras organizaciones autónomas sociales, culturales y políticas quedaría igualmente garantizado en la Constitución.
El debate popular apuntaría a la eliminación del poder constitucional supraestatal y suprasocietal del partido, ahora concebido y organizado como movimiento socialista de masa, considerando la autonomía y la elección democrática de los poderes institucionales como contrapartidas y ejecutoría del poder popular político hegemónico.
Una visión de la organicidad estructural de poderes se proyectaría en:
- Presidencia de la República – elegida directamente por el pueblo entre las propuestas seleccionadas democráticamente por el movimiento socialista de masa y comités de ciudadanos debidamente registrados, según la Ley que lo establezca;
- Ejecutivo encarnado por el jefe de Gobierno y el cuerpo de ministros – discernido y empoderado por la Asamblea Nacional sobre propuestas consensuadas por el movimiento socialista de masa;
- Legislativo y Control Institucional – Asamblea Nacional del Poder Popular elegida directamente por el pueblo con dirección propia distinta a la Presidencia y el Gobierno;
- Judicial – tribunales elegidos democráticamente por las asambleas nacional, provinciales y/o municipales del poder popular.
- Tribunal Constitucional y Tribunal de Estado – encargados, el primero de velar por el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de la República, y el segundo de juzgar las contravenciones políticas de los ciudadanos elegidos para funciones de Estado y Gobierno. Estos tribunales serían elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Imaginemos que el movimiento socialista de masa toma una decisión política trascendental, apoyada por los cientos de miles o millones de ciudadanos que lo compongan –que se le afilian y/o declaran simpatizantes– a través de votación democrática directa interna, y que tal decisión se somete a referendo popular vinculante; no es difícil ver en ello que la cualidad democrática del sistema político da un salto de magnitud.
El movimiento socialista de masa no suplanta los órganos de poder constitucional del estado, sino que define democráticamente los derroteros del camino socialista.
El gran debate revolucionario apunta a la idea de la transformación dialéctica del partido único en movimiento socialista de masa y de las condiciones sistémicas que harían efectiva su naturaleza política y su capacidad de garante y conducción de la transformación socialista. Asumido como fuerza revolucionaria ideológica y motriz del ordenamiento y el desarrollo de la res-pública, el movimiento socialista de masa adquiríría legitimidad democrática como poder político directo del pueblo en las decisiones rectoras de la transición socialista Este carácter convierte el movimiento socialista de masa en un foro político constituyente estructurado y permanente, controlador y decisorio en democracia protagónica sobre la proyección de la revolución socialista.
Si se abren las puertas al funcionamiento de un sistema económico descentralizado bajo formas de producción esencialmente socio-cooperativas, es decir, movido por relaciones soiales de producción democráticas, por ello con alto potencial de eficiencia y eficacia, donde la democracia directa se tornara eje del sistema político y socioeconómico, estaríamos en condiciones de dar paso a la autonomía horizontalizada de las estructuras de un estado de caráctar comunitario. Hablamos justo de la revolución socialista conducida por un movimiento de masa intrínsecamente democrático.
Estado comunitario, democracia directa y sistema socioeconómico cooperativo, donde la propiedad privada del capital queda reducida a su forma de reproducción simple y es negada constitucionalmente toda hegemonía económico-política de las formas de reprodución ampliada de capital (tanto estatal, comunitario como cooperativo): es el tránsito en la dialéctica revolucionaria del “patria o muerte” al “socialismo o barbarie”.
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(*) Este trabajo tiene su fuente en el trabajo “CUBA. De la constitución autoritaria a la Constituyente democrática” escrito en 2013, cuando ya los revolucionarios socialistas abogábamos por la necesidad de una Constituyente que definiera y marcara el rumbo de la revolución socialista.
Ver: http://2014.kaosenlared.net/colaboradores/75188-cuba-de-la-constituci%C3%B3n-autoritaria-a-la-constituyente-democr%C3%A1tica
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Notas
[1] Dilucidación penetrante de Nicole O. Cobas, joven estudiante de relaciones internaciones, en discusiones sobre los problemas del socialismo en Cuba.
Roberto Cobas Avivar, “Cuba. Hacia la Constituyente Socialista”, https://robertocobasavivar.wordpress.com/2018/07/05/cuba-hacia-la-constituyente-socialista-2/
Roberto Cobas Avivar; “Cuba. Constitución Socialista o Contrarrevolución Capitalista”. https://robertocobasavivar.wordpress.com/2018/08/11/cuba-constitucion-socialista-o-contrarrevolucion-capitalista/
Roberto Cobas Avivar, “CUBA. Sin Constituyente Socialista la restauración capitalista es irreversible”. https://robertocobasavivar.wordpress.com/2018/07/29/cuba-sin-constituyente-socialista-la-restauracion-capitalista-es-irreversible/
Jessica Domínguez Delgado, “Qué sabemos del experimento de Artemisa y Mayabeque”, https://primerocuba.blogspot.com/2018/06/que-sabemos-del-experimento-de-artemisa.html
roberto cobas avivar 