EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Semi monopolio estatal de la importación. El semi monopolio de la importación se realiza a través de Centrales Estatales Importadoras – CEI. Estas centrales organizan el mercado mayorista de los bienes de uso y consumo popular. Ya hoy el Estado importa y distribuye a través de los Mercal o PDVAL un importante volumen de bienes de uso y consumo popular. Con la red de CEI se trata de establecer un sistema coherente de centrales mayoristas estatales para la articulación de una nueva red de mercado minorista en el modo de comercio social (más adelante explicado).

Los bienes de uso y consumo para la red de CEI serían importados por el Estado a precio de una tasa preferencial de cambio administrativamente ajustada. La referencia cambiaria puede ser la tasa preferencial existente antes de la introducción del sistema DICOM (entre 6 y 10 Bs. por dólar), puesto que las CEI tienen el fin de abastecer como unidades de comercio mayorista a los entes de un nuevo sistema de comercio social. Las cotizaciones del Bs marcadas por el sistema DICOM corren paralelamente y se mantienen para los fines creados. No obstante, es oportuno señalar que a mediano plazo ha de replantearse todo el sistema cambiario buscando su coherencia y eficiencia en condiciones de estabilidad macroecómicai. El semi monopolio del comercio exterior en la importación puede cesar en el largo plazo, una vez restablecido el equilibrio integral de la economía social con la participación de los nuevos actores productivos.

El sistema de comercio social. Se crea una vasta red social de comercio minorista bajo la modalidad de Empresas Cooperativas de Consumidores – ECC. Las ECC constituyen una experiencia de economía social que crece en el mundo (tienen una larga tradición en Ecuador, como forma de organización de las comunidades).

La libre asociación en cooperativas de producción, consumo, servicios socioproductivos y servicios financieros, sin que medie la relación del trabajo asalariado por el capital, establece el paradigma de la economía social, no capitalista. Ya V. I. Lenin advertía que veía el modo de producción económico socialista como el sistema cooperativo de trabajadores cultos libremente asociados en relaciones democráticas de producción e intercambio.

En las ECC que nos ocupan los consumidores se asocian en unidades de comercio sin ánimo de lucro, regidas por los principios de democracia y solidaridad del cooperativismo. Los ciudadanos pueden ser miembros de una o varias ECC. Las ECC se organizan territorialmente por parroquias, comunas y funcionan de manera horizontal. La distribución se socializa de manera participativa y protagónica. La alienación del ciudadano/trabajador/consumidor con respecto al ente mercantil, propia del capitalismo, desaparece. Las ECC son dadas a la emulación entre sí, no a la competencia. Esta estructura social de comercio está llamada a absorber y estructurar en un sistema de comercio coherente no solamente las formas de distribución realizada a través de los actuales PDVAL, MERCAL (que pasan a ser parte de la red CEI), sino también de las Cajas CLAP. La distribución se hace orgánica en las CEI,  donde ahora la máxima en el ámbito consumo sería: no se “espera por la entrega”, se participa socialmente en el comercio cooperativo. Sabemos que los CLAP desempeñan una función social importante que no se reduce a la entrega de cajas con produtos alimentarios. La función social de las organizaciones CLAP se articula a la ECC muy específicamente en cuanto a garantizar el sevicio socio-humanitario a las familias que posean integrantes con condiciones especiales. Las ECC incorporan este servicio social en coordinación con los CLAP como elemento de solidaridad comunitaria.

El abastecimiento mayorista de las ECC se realiza sin intermediarios, pero no se reduce al que propician las CEI. Todas las formas de producción de rubros de uso y consumo necesarios a la población llevadas por comunas, cooperativas de producción y otras empresas estatales o privadas pueden sumarse como abastecedores de las ECC. En este espacio de intercambio desaparece el incentivo a la guerra de precios. Por cuanto en el interés de los consumidores asociados a las ECC está establecer precios mayoristas negociados con tales suministradores tales, que no laceren la capacidad de compra de los miembros de la cooperativa, de hecho serían precios competitivos con respecto a los precios mayoristas que ofrecen las CEI estatales.

La nueva red social de comercio minorista cooperativo se amplia exponencialmente con el apoyo del Banco de Fomento y Desarollo del Estado, el aporte financiero y el trabajo voluntario de los miembros asociados a la cooperativa. Esta red social – concebida como modernos centros comerciales en sus diseños inmobiliarios y operatividad funcional – está llamada a ser altamente competitiva con la red de comercio minorista privada y a romper la hegemonía que actualmente esta posee en la distribución de mercancías. El contrabando y el bachaqueo desaparecen, puesto que en los comercios sociales solamente los asociados a la cooperativa compran con descuentos apropiados. El resto de los clientes no-asociados tiene derecho a comprar, pero a un precio mayor determinado por la ECC.

Las CEE derrotan la especulación de bienes y la financiera. La restructuración social de la red de comercio minorista cooperativo es clave para enterrar la guerra inflacionaria de la burguesía contra el pueblo, el país y el Gobierno y llevar de esa forma a la normalidad el intercambio comercial. En las ECC, al ser empresas sin ánimo de lucro, los productos que se ofertan son gravados – sancionado en una ley para la creación de las ECC y en la Ley Orgánica de Precios Justos – por la Cooperativa con un margen mínimo de utilidad comercial. Los referentes están entre el 3% y el 5% – como los márgenes de utilidad que funcionan en los países de mayor desarrollo y organización del comercio interno por encima del precio de compra en las centrales de comercio mayorista CEI que operan bajo el semi monopolio estatal de las importaciones. Hay un doble control del margen de utilidad comercial: el establecido por los precios mayoristas de la CEI y el de las unidades minoristas ECC. Estos márgenes de utilidad desactivan los catalizadores del alza especulativa de los precios por una parte, y contribuyen a la autogestión económica de las ECC, por otra.

La red privada tradicional de comercio minorista no se abastece por ley en las CEI (de ahí el ámbito de semi monopolio estatal de la importación). Los dueños de los comercios privados importan directamente sus mercancías al precio de la tasa cambiaria que establece el sistema DICOM. La guerra inflacionaria contra el consumo popular se apaga por “muerte natural”. La burguesía propietaria compradora tendrá su derecho a la libre importación y venta para el consumo de las mercancías con que infla su ego clasista. Pero no tendrá posibilidades de influir el mercado minorista popular en cuanto a la más amplia gama de bienes de uso y consumo.

En tales condiciones, el marcador especulativo de precios para los bienes de uso y consumo “dolartoday” implosiona, cae en el vacío. No tiene cómo marcar los precios de la red cooperativa de comercio minorista CEE que funciona fuera del alcance del precio especulativo del Bs. Tampoco tiene cómo marcarle el precio a la red privada de comercio donde se abastece la clase media alta y la burguesía. ¿Importará la burguesía compradora al precio especulativo “dolartoday” para su propio consumo, cuando pueden hacerlo a precio de DICOM? El precio de los bienes de uso y consumo, en tanto mercancías, estará forzado por la ley del valor que condiciona el juego de la oferta y la demanda y la competencia que desencadenará la red de comercio cooperativo minorista en el propio mercado. Calidad y amplia gama de productos, precios económicamente justos, solidaridad social, operatividad funcional y excelencia del servicio comercial situarían a la red minorista de comercio cooperativo en la preferencia del pueblo, de la sociedad.

La gama de bienes básicos del consumo popular que ofertarán las CEI no es arbitraria. No son mercadillos que reducen su oferta al concepto economicista capitalista de “canasta básica”. Las CEE garantizan una oferta ajustada al concepto de “nivel socio-material de vida”. Este nivel responde a un umbral de consumo popular que satisfaga las necesidades situadas entre el mínimo de existencia (ME) y el mínimo social (MS). Ello significa que el pueblo tiene acceso económico a bienes de uso y consumo que le aseguran la satisfacción de dicho nivel de vida. Hoy el Gobierno Bolivariano sostiene una loable política de mantener el poder de compra de la población presionado por la inflación descontrolada de la guerra económica. A ello sirven los aumentos del salario mínimo y los “cesta tickets”. Pero ahora trabajamos en un escenario donde hemos reducido a la obediencia a los actores económicos contrarrevolucionarios. Entonces pasamos a garantizar niveles de renta que aseguran la dinámica entre el ME y el MS. Los criterios socioeconómicos para establecer dichos niveles de renta se ajustan a partir de indicaciones de las organizaciones internacionales que atienden tales investigaciones. Una propuesta metodológica novedosa para su estimación y cálculo elaborada por este autor la presento en mi “Estudio sobre la Renta Básica Universalii.

Renta Básica Universal RBUiii. Llegados a este momento resulta importante el debate sobre la consideración por el Programa Social de la Revolución Bolivariana de la »Renta de los Iguales«. Esa es la RBU. La RBU garantiza a cada ciudadano un ingreso social incondicional, independiente de toda otra fuente de ingreso, para garantizar el nivel de vida en el espacio definido por la correlación entre ME y MS. Su asignación es individual, pero su impacto social abarca el núcleo familiar y el conjunto de la sociedad. No hay lugar ni para pobreza ni pobreza extrema.

La RBU, en tanto renta social, es entregada por el Estado sin distinción de persona desde el nacimiento hasta el deceso de la misma. Esta renta social universal se considera un derecho humano en el entendimiento que asume y con el que responsabiliza a los estados la Carta Universal de los Derechos Humanos en su Art. 25. Es el derecho a una vida sociomaterial digna con el que se solidariza toda la sociedad a través del Estado. Para ello se crea el fondo de la RBU. Su presupuesto se nutre en esencia de tres fuentes: 1) de la racionalización de todo el sistema de prestaciones monetarias a la población que promueve el estado bolivariano (la RBU absorbe la mayoría de las mismas y libera la fuerza de trabajo administrativa aquí vinculada para su empleo en el sector de servicios sociales y el productivo); 2) del aporte de renta de las personas naturales, diferenciado según la solvencia de los contribuyentes, bajo un régimen tributario eminentemente progresivo; 3) de la socialización de la plusvalía que detentan las empresas, mediante el impuesto progresivo a la renta de capital. A más largo plazo el fondo RBU es respaldado por una fuente extraordinaria, economizada con la hermetización del sistema fiscal ante las evasiones y la fuga de capitales.

La RBU no sustituye los avanzados programas de atención al pueblo de las distintas Misiones y Grandes Misiones Sociales que Venezuela ejecuta e institucionalizará con la Constituyente. Todo lo contrario. Las Misiones y la universalidad de la educación y la salud hacen de Venezuela el escenario socioeconómico y político más avanzado en el mundo para la RBU. La RBU cumple su cometido de emancipación del trabajo con respecto al capital precisamente en las condiciones de la revolución social que avanza Venezuela Bolivariana, puesto que refuerza la posición del trabajador como sujeto soberano en el contrato como fuerza de trabajo asalariada, por una parte, y socializa a toda la sociedad el valor del trabajo acaparado por los dueños de las empresas capitalistas. Sin la revolución social bolivariana, cosa que no sucede en el mundo capitalista que ya ve inevitable una renta que garantice siquiera en un mínimo el poder de compra real de las masas en el mercado, la RBU vendría a ser un escape hacia adelante del capital por mantener su naturaleza explotadora sobre el trabajo.

En su dimensión concreta la RBU es el instrumento que permite la participación directa del ingreso del trabajador, y por ende de la sociedad, en el valor agregado (PIB) que genera. Como ingreso social incondicional que responde al balance del nivel de vida entre ME/MS, la RBU define también los umbrales del salario mínimo y el monto de las jubilaciones. Todo el trabajo no remunerado (de amas/os de casa, de padres al cuidado de hijos/as con discapacidad, de trabajadores empleados en el servicio doméstico, etc) es cubierto por la RBU, sin detrimento de la obligación de honorarios justos en los casos de cualquier relación laboral entre empleador y empleado. La aplicación de la RBU en Venezuela, al par del desarrollo de la economía social, devendría en una revolución democrática de las relaciones sociales de producción y la participación.

EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO

Desarrollo dinámico del nuevo modelo de producción. La tarea es dar al traste con la economía de la carencia capitalista, a través de la adecuada y sostenible oferta de bienes que el pueblo demanda. Ello no es posible fuera del cambio estructural dado por la plena expansión de la economía social. En lo político se trata de la construcción de un nuevo sistema de relaciones sociales de producción e intercambio. En lo económico el bjetivo es revertir la hegemonía de la economía privada en el PIB del país.

La idea-fuerza del nuevo modelo económico está en un desarrollo socioeconómico de bajo impacto ambiental y alta calidad de vida. Sus matrices son una pequeña huella ecológica, no mayor de una(1) Venezuela (era de 3 en 2005), y un alto índice de desarrollo humano (IDH – hoy inferior a 0.8 en Venezuela, pero en marcada tendencia ascendente desde el 2000). Para ilustrar esta idea vea en el siguiente gráfico el cálculo del estado fáctico de esta correlación en el mundo. 

cuba sostenible

La transformación estructural del modo de producción capitalista exige la superación del paradigma de la acumulación privada, soportada en la explotación del trabajo asalariado. El paradigma del nuevo modelo económico ha de apuntar a la acumulación de capital fomentada por la matriz de la propiedad social. Con el modelo de acumulación social de capital (que no es equivalente a la acumulación estatal de capital propia del “socialismo vulgar”) el Producto Nacional deja de ser propiedad del capital privado. Estamos hablando de la neutralización de la lógica interna de reproducción extorsiva de capital dada bajo el modo de producción capitalista. Este problema ha de constituir un objeto de especial debate en la Constituyente Económica.

En consecuencia, el nuevo modelo económico asume la perspectiva de desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa Social. El sector conocido como PYME en general asume el peso fundamental en la creación de empleos (un 70% promedio) y el crecimiento económico en todas las economías del mundo (con una participación promedio en el PIB ca. 80%). Es por ello que la economía corporativa capitalista de gran escala, teniendo el país la retaguardia social asegurada precisamente por la PYME y en condiciones adversas de competitividad, se da al crecimiento basado en la concentración de capital y en la acumulación por depreciación del trabajo. El nuevo modelo de economía bolivariano está llamado al intenso fomento de un sistema PYMES Cooperativo. El mismo se expande a todas las ramas de producción y servicios: agricultura y pesca, agroindustria, transporte, construcción, manufactura. La economía social cooperativa deviene la forma democrática por excelencia del trabajo. Las relaciones sociales de producción que en ella se desarrollan no obedecen al sistema de economía capitalista. Está muy demostrado en la práctica en América Latina, Europa y los propios EEUU la alta capacidad de producción, eficiencia económica y solidaridad social de esta forma de organización transversal y democrática del trabajo. En Venezuela sería el centro de gravedad de la economía productiva. En el fomento de sistema PYMES Cooperativo el Estado venezolano asume la doctrina de la expansión inversionista estatal en el desarrollo de la economía, basada en la profunda democratización del capital. Un sistema económico cualitativamente superior al capitalista.

El nuevo sistema de producción se sustenta en la economía social como política llamada a transformar las relaciones sociales de producción capitalistas en socialistas. El Estado traza en políticas estratégicas el desarrollo económico del país. Un Ministerio Popular para el Desarrollo Económico Estratégico asume la planificación paramétrica democrática  (nada que ver con el sistema central de planificación burocrática de las experiencias socialistas conocidas). El sistema de propiedad sobre el capital deviene mixto. Las empresas estatales se concentran en sectores de desarrollo estratégico para el país y alta concentración de capital productivo. Potencian el desarrollo tecnológico de las fuerzas productivas sociales. Sin embargo, las empresas estatales no quedan fuera del control social directo. Los Consejos de Trabajadores y Obreros son parte decisiva en el control de la eficiencia económica y los objetivos sociales de las mismas. La incipiente economía social venezolana estimulada por la Revolución indica la viabilidad del camino. Las empresas estatales venezolanas presentan mayores índices de productividad que las privadas. Las comunitarias acrecentan sus niveles de producción de forma casi exponencial. Uno de los mayores mitos de la economía política clásica burguesa defendiendo a capa y espada la superioridad de la propiedad privada sobre el capital rueda por tierra, precisamente en la Venezuela Bolivariana. Las empresas capitalistas incorporan por ley los consejos de obreros y trabajadores a las juntas de dirección y el irrestricto derecho de sindicalización de la fuerza de trabajo. Se establece, además del salario mínimo, el salario máximo para todos los empleados (el precedente suizo de 8 salarios mínimos como techo de salario máximo en la economía de todo el sistema empresarial es digno de estudio). 

Democratización del sistema bancario y financiero. El cambio estructural del modelo económico capitalista no es posible fuera de la socialización del capital financiero. Existen tres bancos de propiedad estatal en función de la economía venezolana. Sin embargo, un Banco Público Estatal de Fomento y Desarrollo de la Economía Social altamente capitalizado es imperativo. El horizonte está en la superación de la hegemonía del crédito de la banca privada de frente al desarrollo de la economía real: la producción y el empleo.

Prestemos atención a que el fenómeno de la inflación crónica tiene su fuente originaria en la creación de dinero FIAT (dinero ficticio inflacionario) por la banca comercial privada. Este mecanismo no por harto conocido (la creación fraccionaria de dinero como deuda) es de dominio popular e incluso de los entes del Estado. La banca social ha de sustituir a la banca privada en el dominio del crédito productivo, comercial y al consumo. Estamos hablando de la creación por absorción (nacionalización por compra de activos de la banca privada) y nueva creación de un sector bancario socialista. Sus expresiones están en lo público, lo comunitario y lo cooperativo. En estas condiciones el crédito a la producción y al consumo deja de funcionar como creación exponencial de deuda y fuente de lucro del capital financiero privado.

El capital financiero ha de estar bajo la hegemonía de la banca pública (del Estado – ahí se tiene el ejemplo de China) y la propiedad socializada. Ya hoy el BNV demuestra la superioridad de la banca pública por encima de la privada. “Después de su nacionalización, en 2009, se evidenció un crecimiento exponencial de la cartera de clientes al pasar de 4 a más de 11 millones de ahorristas. Este incremento también se refleja en las captaciones del público que para el cierre de mayo del 2017 se ubicaron en 3,7 billones de bolívares. La institución se mantiene a la vanguardia de los principales indicadores del sistema bancario nacional para impulsar el desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana. En este sentido, la cartera de créditos bruta alcanzó los Bs 2,1 billones en el primer cuatrimestre del año en cursoiv.

El mito capitalista de la eficiente financiazación de las empresas a través de la sacrosanta bolsa de valores está llamado a ser barrido por la revolución económica socialista. La financiación de la economía real ha de ser dominio de un sistema financiero no especulativo. Este precedente lo inaugura nada menos que el modelo económico alemán moderno, donde el financiamiento de las empresas se realiza en esencia mediante los bancos, y no las bolsas. En Venezuela la bolsa de valores – eminentemente parasitaria como las bolsas en todos los países capitalistas de América Latina – quedaría como reminiscencia del reducto especulativo del poder financiero capitalista internacional. En el nuevo modelo de economía social está llamada a desaparecer.

Acorralamiento de la especulación neoliberal financiera. Se logra desde ya mediante dos medidas económicas combinadas. Un tasa Tobin sobre los flujos financieros que entran y salen del país no articulados a inversiones directas de capital (ID) a través de la bolsa de valores y otras entidades financieras (similar al gravámen ya hoy existente en Venezuela). La imposición a todo “capital golondrina” de no menos de un año de retención y trabajo a favor de la economía del país en inversiones productivas, antes que pueda alzar el vuelo de retorno a los centros internacionales de especulación, bajo el rigor de un elevado impuesto de salida (el precedente chileno es digno de estudio). Igualmente ha de considerarse el impuesto bancario. Se impone a la suma del balance financiero de los bancos. La práctica de este tipo de impuesto es generalizada en todas las economías europeas. Contribuye al asegurameinto de las reservas internacionales del país.

No hay miedo a las agencias de rating del sistema especulativo financiero del mundo capitalista. Los venezolanos, el Gobierno de la Revolución Bolivariana han de tener presente dos factores de primera importancia para la emancipación financiera: 1) que el Bs constituye de hecho una divisa potencial mundial por su respaldo en la riqueza petrolera y en oro del país; 2) que esto permite a Venezuela promover una mayor dinámica de comercio con sus socios en las relaciones económicas internacionales en las monedas propias, obviando la dictadura del dolar norteamericano. En dicha ruta se encuentran ya importantes economías mundiales, como la de China, Rusia, India, Irán, entre otras. En la región ya se intenta la implantación del Banco del Sur (auspiciado por el Pdte H. Chávez) y el intercambio en términos clearing basado en la divisa electrónica SUCRE. Es el sistema neoliberal financiero internacional el que está sobre un barril de pólvora: el sistema de dinero FIAT y la financierización de la economía mundial.

Reforma sistémica fiscal. El objetivo es la decidida conversión del mismo a la progresividad tributaria. No puede ser una reforma arbitraria, sino ajustada a la idea de la progresividad que busque el equilibrio de la diferenciación de los ingresos, en pos de establecer y estabilizar un coeficiente GINI sobre un nivel no superior al 25%. Aquí juega un papel estructurante justamente la aplicación de la RBU como la medida que permite el escalonamiento múltiple progresivo democrático de la tributación al Presupuesto Nacional. 

La eliminación o adecuada limitación (a bienes suntuosos) del impuesto al consumo IVA es imprescindible. El IVA es un impuesto liberal, regresivo por definición económica. Su reconsideración como instrumento eficiente de recaudación queda sujeta al alcance de niveles adecuados del coeficiente GINI, dado que este impuesto en la práctica hace recaer el peso de la tributación en los sectores de menores ingresos. Un debate aguzado sobre la reforma del sistema fiscal exige tomar en consideración la variante de eliminar los impuestos al consumo (impuestos indirectos) a favor del directo (sobre la renta) a personas naturales y jurídicas. En el primer caso el impuesto directo reivindica la solidaridad social, en el segundo caso la democratización del capital. Las variantes combinatorias del impuesto directo a la renta para lograr esos efectos son disímiles. Entre ellas destaca por su eficiencia económica y justeza social el impuesto progresivo sobre el giro comercial de las empresas (no sobre la ganancia), manteniendo el impuesto directo progresivo a la renta de la person natural articulado a la RBUv.

En este ámbito de problemas está la determinación política de establecer (y blindar constitucionalmente) la hermetización del sistema fiscal que evite la fuga de capitales del país. La prohibición de poseer cuentas y depósitos en “paraísos fiscales” a todo funcionario público en cualquier cargo del Estado, tal como lo ha establecido la Revolución Ciudadana en Ecuador, constituye un elemento base del reajuste económico-político del sistema fiscal. La Revolución Bolivariana puede ir más allá y considerar delito contra la economía nacional el establecimiento de empresas llamadas offshore en “paraísos fiscales”.

La total informatización del sistema con la plena automatización de la recaudación fiscal hace posible la reforma integral del sistema fiscal-tributario sumando efectividad y seguridad.

COLOFÓN

Lo expuesto en el análisis Ensayo por la Constituyente Económica en sus dos partes, viene a ser un enfoque integral concerniente a la reformulación del modo de producción e intercambio capitalista dominante en Venezuela. Una transformación del sistema socioeconómico hacia el horizonte de la economía socialista. Por su propio peso esta proyección queda como objeto de abordaje y decisiones por parte la Constituyente del pueblo convocada por el Pdte. Nicolás Maduro, en su capítulo sobre el nuevo modelo económico. El debate de mérito por el socialismo constituyente es de calado y emancipatorio.

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i El problema del sistema cambiario por su complejidad técnico-económica amerita un debate específico que la Constituyente Económica puede vehicular.

ii En la metodología que desarrollo en el “Estudio sobre la Renta Básica Universal” (presentado en idioma polaco) los parámetros internacionales ME y MS los ajusto para las características socioeconómicas específicas del país en cuestión.

iii Es importante recalcar que la RBU no tiene nada que ver con la renta básica que postula el pensamiento económico liberal jalado por M. Friedman & Cia. En mi Estudio sobre la Renta Básica Universal develo la esencia de esta renta social desde la perspectiva del valor del trabajo según la economía política de C. Marx. Se trata del entendicmiento de la RBU como el derecho del trabajador, y por ende de la sociedad, al valor adicional del trabajo social. Esta idea constituye un aporte cognitivo y político en la percepción del problema de la exclusión social característica al sistema capitalista de producción y distribución.

iv Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve/banco-de-venezuela-llego-a-11-millones-de-ahorristas/

v. Técnicamente estas reformas no implicna mayores complejidades. Con la organización de adecuados seminarios su asimilación e implementación y ajustes prácticos (como sistema inteligente) es plenamente realizable.

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